Elecciones en España, ¿han perdido su función?

Para poder analizar de forma correcta si las elecciones en España se han desviado de su cometido original o no, debemos tener en cuenta cuales son los objetivos o las funciones de las elecciones en democracia según la teoría política. De esta manera, podemos encontrar tres funciones que se deben cumplir una vez producidas las elecciones, con sus respectivas garantías, asunto que no nos concierne en este apartado, que son representatividad, gobierno y legitimidad, es decir, tienen que dar lugar a un gobierno representativo legítimo. 

En primer lugar, las elecciones deben producir representación, y ésta se puede dar de tres formas distintas mediante el mandato imperativo, el representativo y el electoral. El primero de ellos, en el que el representante recibe órdenes precisas de cómo actuar, está prohibido en España. En el representativo los representantes defienden los intereses de los representados siguiendo sus propios criterios, y en el electoral, en el cual el representante se debe al partido al que pertenece. En el caso español encontramos que si bien la estructura indica que pertenecemos a un mandato representativo, pues aunque los representantes sean elegidos dentro de un partido pueden desvincularse de éste y pasar a pertenecer al grupo mixto conservando su escaño, nos damos cuenta de que en la práctica esto se da en situaciones excepcionales y que, por regla general, el comportamiento de nuestros representantes sigue el mandato electoral. 

Continuando con las funciones, las elecciones deben producir un gobierno, ya sea de forma directa en los sistemas presidencialistas o indirecta en los parlamentaristas. España pertenece a este segundo grupo de países parlamentaristas, por lo que se genera un gobierno a través del Congreso de los Diputados, único órgano a nivel estatal elegido en su totalidad por sufragio directo. La idea de dejarle la elección del ejecutivo a un órgano representativo se sustenta en la posibilidad de que este poder no venga de una sencilla votación tras una campaña que puede llegar a ser conflictiva por el enfrentamiento, sino que se depure y nazca del debate, del entendimiento y el consenso. El problema que encuentra España en esta solución es su falta de arraigo en la cultura del debate, entendiendo éste no como una forma de contrastar y mejorar las ideas y propuestas, sino casi como un mero paripé en el que solo se convence a los convencidos. Al tener España un sistema fundamentalmente bipartidista este problema no llegaba a repercutir en la formación de gobiernos, ya que se vencían las elecciones legislativas por mayoría absoluta y no era necesario un debate real para la formación de gobiernos. Pero en 2015, tras la desconexión con el sistema que experimentó la juventud, propiciado por la crisis económica de 2008 y la consiguiente subida del interés en la política de la juventud que dio nacimiento a nuevas formaciones políticas, España pasó a funcionar con un sistema multipartidista. En este punto se empezó a ver los efectos de esas dificultades para llegar a acuerdos, ya que en los últimos 4 años se han tenido que repetir 4 veces las elecciones de las cámaras legislativas para que pudiesen formar un ejecutivo y desde el año 2015 solo se ha tenido un gobierno en plenas funciones durante 15 meses. 

Por último, las elecciones han de legitimar al gobierno para que éste esté autorizado y justificado para realizar sus funciones esperando obediencia y respeto por parte de la ciudadanía, aunque ésta pueda estar en desacuerdo con las medidas adoptadas. Si bien la legitimidad da libertad de acción a los gobiernos, no se trata de una libertad absoluta, ya que estos tienen límites establecidos y, además, pueden ser castigados por los electores al final de la candidatura e incluso pueden llegar a enfrentarse a una moción de censura en nuestro país. En el caso español existen diversos factores que hacen disminuir la legitimidad que otorgan las elecciones. El primer escollo es un sistema electoral a ojos de muchos injusto: no se busca una representación proporcional, sino que trata de facilitar la gobernabilidad de los partidos más grandes, perjudicando a los más pequeños. Esto limita la pluralidad de opciones debido a que favorece el desarrollo del llamado "voto útil", en el que el votante vota a la opción que, sin ser su preferencia, se encuentra más cercana a su espectro ideológico y que tiene más fuerza a nivel electoral. Por otra parte, podemos establecer una distinción entre la legitimidad democrática de inputs y outputs. Dentro de la legitimidad de inputs si  la actuación del gobierno es acorde a la voluntad del pueblo, estrecha el lazo entre los ciudadanos involucrados en esa decisión y los decisores, reforzando así la legitimidad. En cambio afectará de forma negativa, perdiendo legitimidad si la distancia entre los ciudadanos afectados por la decisión y el gobierno es muy amplia ya que las preferencias de los ciudadanos no se tienen en cuenta. Un claro ejemplo de este caso lo podemos encontrar en la imposición de medidas económicas por entidades supranacionales como la UE y el FMI, lo que en España provocó una ola de manifestaciones en contra del gobierno. Actualmente podemos comprobar un escenario similar en Ecuador, tras la aprobación del "paquetazo" del FMI por parte del gobierno y el descontento popular que ha provocado. A su vez,  la legitimidad de outputs valora de  forma positiva el trabajo del gobierno en la resolución cotidiana de problemas, mostrando gran capacidad de atender a las demandas sociales y conseguir resultados palpables que son bien vistos por la población. Afectará así, de forma negativa, si no es capaz de encontrar solución a dichos problemas especialmente en contextos de crisis donde los recursos son más limitados y el marco económico más adverso. En el caso español, un agravante de la crisis económica fue la crisis política, marcada por la corrupción, que se tradujo en un aumento de desconfianza hacia los partidos y el crecimiento de desafección política.

Es curioso, además, como aún teniendo ciertas herramientas de de participación directa como los referéndum o las iniciativas ciudadanas, éstas han quedado completamente relegadas a un segundo plano pues su utilización apenas ha sido relevante desde 1978, a pesar del descontento con el sistema electoral de algunos grupos y sectores de la población, debido en gran parte a la dificultad de aplicación o realización que tienen estas herramientas. No obstante, el sistema electoral sigue siendo el más respaldado por la población, que asume en gran medida que su deficiencia se debe a la clase política y no al sistema en sí.

A partir de lo expuesto, opinamos que actualmente las elecciones en España no están cumpliendo de forma satisfactorias ninguna de las tres funciones que hemos tratado, y que se debería estudiar la forma de solucionar la situación actual para, no sólo generar un gobierno representativo y legítimo, sino para contentar a la población y no generar un distanciamiento aún más grande entre la élite política y la ciudadanía, logrando así una mejor consideración por parte de ésta de las instituciones democráticas.