La violencia institucional más dura, ¿dónde están las mujeres sin hogar?

Para empezar esta entrada debemos entender muy bien qué es la violencia institucional, no obstante, este tipo de violencia apenas es estudiada, ya que lo normal es estudiar la violencia física que se da de abajo hacia arriba. Así pues, la violencia institucional es un tipo de violencia mucho más simbólica que se da de arriba hacia abajo y que resulta más bien invisible. Se trata de lo que hacen o no hacen las instituciones públicas para garantizar y proteger los Derechos Humanos de la ciudadanía en su conjunto y de todas las personas que se encuentren en el territorio. Hay que analizar esta violencia desde una perspectiva sistémica, entendiendo que tiene su sustrato en prejuicios y discriminaciones, como podrían ser el sexismo, el racismo o el clasismo, afectando a entes supuestamente neutros, como podría ser un acceso desigual a la seguridad social o a la justicia, o un trato de favor a determinados grupos económicos que dispondrían de mayor influencia sobre determinados asuntos.
A pesar de la gravedad de las implicaciones que tiene la violencia institucional, a nivel nacional no se encuentra regulada en ningún apartado legal, lo que otorga una impunidad que favorece que aparezca, y a nivel internacional lo máximo que a lo que se llega actualmente es a una serie de recomendaciones de la ONU desde 1993 a países concretos, recomendaciones que, como ya sabemos, no tienen ninguna vinculación legal ni sanciones en caso de no acatarlas.

Con respecto a la violencia de género, en España sólo se centra en el maltratador en sí, sin atender a ninguno de los otros actores ni a los factores estructurales que originan esta situación, generando de esta manera cierta desconfianza en el sistema que agravaba la vulnerabilidad de todas las mujeres victimas de este tipo de violencia.
Sin embargo, encontramos la violencia institucional tremendamente marcada cuando hablamos de mujeres migrantes en situación de exclusión residencial severa. Para entender un poco mejor de que vamos a hablar aquí debemos saber que la exclusión residencial trata los mismo apartados que la social, tomándolo como un proceso dinámico, multidimendional, estructural e individual, pero teniendo en cuenta que lo fundamental para entenderlo son los factores estructurales, más aún en el contexto internacional actual que tiende a criminalizar cada vez más a las personas de los problemas que generan sus problemas.

Las personas sin hogar tienden a organizarse en comunidades de diversos tamaños para protegerse los unos a los otros, y dependen en gran medida del modelo económico de la zona, si bien en el sur lo normal eran los temporeros y las temporeras, los ciclos de producción agrícolas se alargan cada vez, provocando que a muchas personas no les resulte rentable trasladarse de un lugar a otro siguiendo la producción y que formen comunidades más estables a base de chabolas. Las condiciones de las viviendas que construyen son infrahumanas y provocan otra serie de problemas como, por ejemplo, de salud pública. Todos estos problemas deben de ser responsabilidad de la Administración, no obstante, lo más habitual es que no haya voluntad política y se niegue de forma contundente la existencia de estos campamentos, por ejemplo no empadronando a las personas sin hogar, a pesar de que por ley es obligatorio para tener acceso a una gran variedad de servicios como la educación o la sanidad. 

La gravedad del "sinhogarismo" alcanza niveles inimaginables pero, ¿dónde están las mujeres sin hogar? Incluso en esta situación de completa inseguridad para los afectados, las mujeres siguen siendo un ente desigual y mucho más vulnerable. Para empezar, no es habitual encontrar mujeres sin hogar por las calles como si hacemos con los hombres en estas condiciones, ni siquiera en los albergues que ofrecen recursos de bajas exigencias o de emergencia las encontramos, y esto se debe a la violencia tan diferenciada a la que se enfrentan. La violencia que acecha a estas mujeres no es sólo institucional o física, también es reproductivo-sexual, lo que hace que estas mujeres carezcan de espacios seguros incluso en los establecidos por el Estado, debido a la mixticidad de estos centros y las pocas garantías de seguridad que tienen, exponiéndolas a todo tipo de abusos, lo que las incita a esconderse mucho mejor, dando lugar a su invisibilización. Esto da lugar a que los estudios sobre personas sin hogar, y por tanto las conclusiones que dan lugar al desarrollo de propuestas y soluciones, tengan un claro sesgo de género que sólo podrá solucionarse con la inclusión de la perspectiva de género para todos los análisis, siempre realizada en situaciones que garanticen la seguridad de estas mujeres, que sólo se enfrentan a la discriminación clasista y xenófoba sobre la que se estructura el Estado, sino también sobre el patriarcado que ni siquiera en condiciones infrahumanas les permiten alcanzar la seguridad de una comunidad entre iguales.